Boyacá, Colombia – Desde el amanecer del 4 de agosto, las carreteras más estratégicas del centro del país están bajo bloqueo por parte de pequeños y medianos mineros de carbón, acompañados por campesinos y comunidades del páramo. La protesta, declarada como paro indefinido, es la respuesta a lo que el gremio considera una “asfixia” provocada por políticas tributarias, energéticas y ambientales que amenazan su supervivencia.
El conflicto, que ya cumple varios días, tiene un impacto directo en la movilidad regional y en la cadena logística que conecta a Boyacá con Bogotá y otros corredores clave para el abastecimiento y el comercio. El carbón represado en bodegas y patios mineros no solo frena la economía local, sino que deja en vilo contratos y despachos a nivel nacional e internacional.
Las rutas bajo presión
Los bloqueos se concentran en puntos neurálgicos: la vía Tunja–Bogotá, el tramo Ubaté–Simijaca en la llamada Glorieta de la Vaca, la doble calzada Paipa–Tunja y el puente Armando Solano sobre la calle 25. Aunque los manifestantes han asegurado el paso para ambulancias y misiones médicas, el flujo de carga y transporte de pasajeros está gravemente afectado.
Transportadores de carga pesada han reportado retrasos de más de 24 horas, encadenando consecuencias en el abastecimiento de insumos industriales y en la logística de exportaciones que dependen del carbón y otros minerales de la región.
Las exigencias del gremio
El pliego de peticiones de los mineros incluye una decena de puntos críticos, entre ellos:
- Reconocer el carbón térmico como mineral esencial para la economía nacional.
- Pago inmediato de $26.000 millones que la empresa estatal Gensa adeuda a productores.
- Reactivar exportaciones a Israel, suspendidas por decreto presidencial en 2023.
- Revisión de tributos como el incremento de retención (de 2,5% a 4,5%), el impuesto al Catatumbo (1% sobre la factura) y el impuesto al carbono.
- Garantizar que 30% a 50% de la energía nacional provenga de termoeléctricas de la región.
- Agilizar trámites de formalización minera y clarificar contratos con la Agencia Nacional de Minería.
El sector denuncia que la reducción del consumo interno y la ausencia de nuevos mercados han dejado toneladas de carbón almacenadas sin destino comercial. “Tenemos el carbón represado; no hay mercado y eso nos está llevando a la quiebra total”, afirmó William Cruz, vocero del paro.
Negociaciones fallidas y desconfianza
El diálogo con el Gobierno comenzó de manera accidentada: el primer intento de reunión se frustró por la ausencia de ministros, lo que encendió la molestia de los líderes mineros. Más tarde, viceministros y autoridades locales llegaron a la mesa, pero las conversaciones terminaron abruptamente.
De los diez puntos planteados por los mineros, solo hubo acuerdo en uno: el rechazo al IVA sobre el carbón. El resto quedó sin avances claros. El gremio rechazó la propuesta oficial de abrir mesas de concertación a mediano plazo, argumentando que experiencias anteriores –como el paro campesino– no arrojaron resultados concretos.
“La mesa se levantó porque no se llegó a ningún acuerdo… no podemos aceptar promesas a futuro cuando el sector está al borde del colapso”, sentenció Cruz.
Impacto en la región y en la agenda nacional
La tensión social ya obligó a trasladar la conmemoración del 7 de agosto, Día del Ejército Nacional, del Puente de Boyacá a Bogotá por motivos de seguridad. Este cambio refleja no solo el impacto logístico de los bloqueos, sino también su carga simbólica en una región históricamente ligada a la independencia de Colombia.
Fenalcarbón, la Federación Nacional de Productores de Carbón, participa como mediadora y ha reiterado su rechazo a las vías de hecho. Sin embargo, advierte que el paro prolongado puede erosionar la economía regional, encarecer costos logísticos y profundizar la crisis de un sector que ya enfrenta el reto de la transición energética.
Protesta pacífica, pero contundente
Las asociaciones mineras, como Asmiancotepaz, insisten en que su movilización será pacífica, sin vandalismo ni destrucción de bienes. Han convocado a mineros de otros municipios a unirse en Paipa y otros puntos estratégicos, fortaleciendo el carácter regional de la protesta.
El gobernador de Boyacá ha solicitado permitir pasos intermitentes para reducir el impacto en la movilidad, pero los voceros del paro aún no definen si aceptarán esa medida o mantendrán el cierre total como presión.
Un pulso que definirá más que el carbón
El conflicto minero de Boyacá es mucho más que una disputa sectorial. Se ubica en el centro del debate sobre cómo Colombia equilibrará su transición energética con la protección de empleos, economías locales y soberanía minera. La forma en que se resuelva marcará un precedente para otros sectores estratégicos y para el futuro de la minería en el país.
Mientras el carbón sigue sin salir de los patios mineros y las carreteras permanecen bloqueadas, el país observa cómo se desarrolla este pulso político, económico y logístico que, por ahora, no muestra señales de resolverse pronto.